Enrique López ha solucionado su episodio de alcoholemia de manera discreta y por la puerta de atrás, después de que el pasado 1 de junio la Policía Municipal le denunciara por cuadruplicar la tasa de alcoholemia, saltarse un semáforo en rojo y conducir una moto sin casco. En ese momento era magistrado del Tribunal Constitucional y precisamente se cumple ahora un año desde que fue nombrado con el apoyo del Partido Popular. Después de asumir lo sucedido, atajó el asunto de la manera más rápida posible para evitar tanto el desgaste del TC como de su propio nombre.
Al día siguiente de los hechos, presentó su dimisión al presidente del órgano,Francisco Pérez de los Cobos. Desde ese mismo momento ya no era magistrado del tribunal que defiende la Carta Magna y, por tanto, perdía el pleno aforamiento ante el Tribunal Supremo. Además, López tuvo un golpe de suerte cuando al día siguiente de la denuncia, y con toda la opinión pública conocedora del asunto, el rey Juan Carlos anunció su abdicación, pasando su asunto judicial a un plano secundario, lo que evitó ser blanco de todas las críticas.
Cuando un juez es nombrado magistrado del TC, se marcha en servicios especiales y abandona ‘de facto’ la carrera judicial. Es cuando pide su reingreso cuando comienza a tener efectos económicos y administrativos.
López cumplió los diez días que le concede la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 355, para pedir su reingreso como magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Una vez que ya lo había pedido al Consejo General del Poder Judicial, se celebró el juicio rápido por un delito contra la seguridad vial. Si no hubiera dimitido del TC, habría tenido que sentarse en el banquillo de los acusados del Supremo, en un proceso judicial más lento y con luz y taquígrafos.
Sin embargo, su salida del tribunal le ha permitido que en trece días un juzgado madrileño de Plaza de Castilla celebre juicio rápido y dicte sentencia verbal en el momento. Incluso obtuvo una conformidad con el fiscal y el titular del Juzgado de Instrucción número 31, Antonio Serrano-Arnal, fijó ocho meses de retirada del carné de conducir y una multa de cuatro meses a doce euros diarios, lo que supone 1.440 euros.
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos. (EFE)El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos. (EFE)
Fue un juicio rápido, celebrado el sábado 14 de junio, y sin ninguna publicidad. En la sentencia, se fija que López arrojó un resultado de 1,20 y 0,99 en la primera y segunda comprobación con el etilómetro, negándose a realizar la prueba de extracción de sangre. “Con síntomas, el acusado presentaba fuerte olor a alcohol en el aliento, ojos rojos y vidriosos, habla repetitiva, rostro congestionado, deambular titubeante y dificultad para mantener la verticalidad”, recoge la resolución.
Los jueces son aforados parciales
Mientras tanto, el CGPJ ha aceptado su reingreso en la carrera judicial de forma automática. Así está contemplado en la ley ya que el delito por el que se le ha condenado no es doloso y, por tanto, no es causa de cese.
Desde el momento en el que se pide el reingreso, el juez ya es miembro aforado de la carrera judicial. Sin embargo, a diferencia de los magistrados del Constitucional o de los diputados, los jueces son únicamente aforados por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, es decir, por delitos como prevaricación o revelación de secretos. Así que López, una vez que abandonó el TC, perdía la opción de ser juzgado por el Alto Tribunal, según explican a El Confidencial fuentes jurídicas.
Y quién mejor para asesorarle y defenderle que Enrique Arnaldo Alcubilla, vocal del CGPJ hasta 2001 y persona que aupó a López como letrado del órgano que regula a los jueces. Actualmente es catedrático de Derecho Constitucional y letrado de la Cortes Generales, aunque también tuvo algún problema con la Justicia. En 2010, el juez de Palma José Castro le imputó por su vínculo con el expresidente del Gobierno balear Jaume Matas, quien mantenía relaciones con la consultoría madrileña Estudios Jurídicos y Procesales (EJP), un bufete vinculado a Arnaldo.
El magistrado archivó el asunto por falta de indicios de fraude a la Administración en relación con dos de los responsables de EJP por un contrato supuestamente amañado y firmado en febrero del 2004, pero sí mantuvo la inculpación a Matas.
Ahora, a Enrique López le queda algo más de una semana para incorporarse a la Audiencia Nacional, aunque algunos compañeros suyos tienen dudas de que llegue a entrar o de que se quede mucho tiempo. A este juez le costó mucho llegar hasta el Tribunal Constitucional. Primero fue vocal del CGPJ durante siete años y, como tal, fue el bastión del PP en el órgano. Al término de su mandato pasó una travesía del desierto en la Audiencia Nacional esperando a que le adaptaran un destino más suculento, que pasaba desde el Ministerio de Justicia hasta el TC. Ahora tiene que volver a la Audiencia, y algunos creen que intentará buscar otro destino, que incluso podría ser un despacho de abogados.