El Gobierno ultima la aprobación de la Reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, que de momento está en el Senado y donde será aprobada el próximo 24 de marzo. Esta ley supone el fin de cualquier garantía jurídica que pudiera tener hasta ahora un conductor de un coche o de una moto.
Hasta ahora, y salvo en contadas excepciones, un agente de la autoridad en funciones de vigilancia del tráfico tenía que detener al vehículo que había cometido una infracción y formular la correspondiente denuncia. Las excepciones eran básicamente infracciones captadas mediante cámaras, que demostraban de alguna forma la infracción cometida.
Pues bien, a partir de su aprobación definitiva, los agentes ya no tendrán que parar a ningún conductor tras, supuestamente, haber cometido una infracción. Es decir, que desde la entrada en vigor de la nueva Ley, los agentes solo tendrán que apuntar matrículas, al llegar al cuartel hacer las denuncias, enviarlas al centro de tramitación de multas de León, y a cobrar.
Y los conductores normales, los que cumplen con las normas, estarán permanentemente pendientes del correo, porque un día será por girar en un prohibido, o por hablar por el móvil, o por manejar el navegador, o por discutir con un acompañante sin prestar atención al tráfico, o por no llevar el cinturón de seguridad...
Lo que ya se conoce como multas en diferido, en realidad es lo más parecido a aquella “ley Corcuera” que promulgó el que fuera ministro del Interior del Gobierno de Felipe González y que comenzó a aplicarse en febrero de 1992. Una ley más conocida como de la “patada en la puerta” que permitía a la policía, ante la más mínima sospecha de que en el interior de una casa se podía estar cometiendo algún delito relacionado con el narcotráfico, tirar la puerta abajo, entrar sin ninguna orden judicial y buscar lo que quisieran. Dicha ley fue derogada por el Tribunal Constitucional en 1993.
En el caso de la nueva Ley, impulsada como aquella por un ministro del interior, el objetivo fundamental son los conductores. La presunción de inocencia que tienen todos los ciudadanos y que forma parte intrínseca de la Constitución, en este caso pasa a ser presunción de culpabilidad. O mejor, sin presunción, simplemente culpabilidad.
Que un agente, ya sea de la DGT, la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra o la Policía Municipal, de cualquier ayuntamiento de España, dice que una persona iba hablando por el móvil, pues a pagar. No sirve demostrar que esa persona no tiene móvil, o que es sordo, o que ese coche lleva seis meses en un desgüace, o que está embargado por Hacienda. Si se recurre, el agente se ratifica y la sanción es firme.
Ya se ha ocupado otro ministro, el de Justicia, de poner unas tasas judiciales para que si algún conductor es díscolo y tiene ganas de recurrir ante la Justicia ordinaria por una sanción de tráfico injusta, tenga que pagar más dinero del que se va a ahorrar con la multa.
Cada vez que les hablo de multas, y desgraciadamente lo hago con mucha frecuencia, lo primero que dejo muy claro es que las normas hay que cumplirlas, y creo que es el punto de partida. Que no se puede circular a 150 km/h cuando el límite legal es de 120 km/h. Hay que cumplir las normas y si no se cumplen atenerse a las consecuencias, ya sea con multas, con pérdida de puntos o con retirada del carné de conducir.
Pero se supone que estamos en un estado de Derecho y no en una república bananera donde el jefe de la banda y sus amigos tienen patente de corso. Una foto tomada con un cinemómetro que está revisado según marca la ley, con los controles obligados, con los márgenes de error que establece la ley, notificada en tiempo y forma al supuesto infractor que tiene la posibilidad de defenderse aportando sus pruebas, está bien. Pero una multa en la que no se ha aplicado el margen de error legal, o que no se ha notificado al infractor es una vergüenza para el estado de derecho, en el que se supone que vivimos.
Un político que no puede demostrar de dónde ha sacado 30 millones de euros que tiene en una cuenta en Suiza, es presuntamente inocente. Y la justicia se tiene que ocupar de buscar todas las pruebas que le incriminen para tratar de que termine en la cárcel. Y en la mayor parte de los casos la causa prescribe o hay un defecto de forma que le permite salir en libertad sin cargos. Y por supuesto con los 30 millones, o los que sean, en su bolsillo.
Pero el conductor paga siempre, haga lo que haga. Poco a poco, y este es unmodus operandi que comenzó con la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, la Administración ha encontrado un chivo espiatorio de todos los males, el conductor. Fue entonces cuando Pere Navarro llenó España de radares y enseguida Zapatero abrió el centro de tramitación de multas en León, para optimizar los cobros. Y los nuevos gestores siguen con la misma política, que parece que funciona bastante bien.
Pero, ¿cuál es esa política? Pues que los conductores deben pagar por todo lo que ocurre en la sociedad. Que el ayuntamiento de Madrid tiene una deuda que en el mejor de los casos van a tener que pagar dos generaciones completas de ciudadanos, pues se compran más radares. Que las cuentas del ministerio del interior no salen, pues más radares, radares de helicóptero, de trípode, móviles… Y si es preciso se promulga una nueva ley para reducir los derechos de los conductores, que ya solo tienen el derecho de pagar las multas, y se optimiza el cobro de las sanciones.
Todos estos organismos necesitan sanear sus cuentas, y ese es su objetivo prioritario, pero de seguridad vial ni hablamos. Cada nuevo ejecutivo que llega a la Moncloa, una de las primeras cosas que cambia es la ley de educación. Llevo 30 años escuchando a los políticos decir antes de llegar a la Moncloa que van a fomentar la educación de seguridad vial en los colegios, pero siempre son palabras que se lleva el viento. La única decisión que toman sobre Seguridad Vial es reducir los límites de velocidad, aumentar los radares y reducir los derechos de los ciudadanos conductores. Da igual que sea el PP o el PSOE el que llega al Gobierno, siempre es lo mismo.
No soy un experto en leyes, pero que un agente apostado en una esquina con un cuaderno y un bolígrafo sea el ejemplo de la Policía para los próximos años o que las únicas garantías jurídicas de los conductores sean pagar las multas lo más rápido posible, no es muy edificante. O que se endiose a los policías que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley son superhombres capaces de saber si un conductor en marcha está manejando el navegador o solo el volumen de la radio, es el principio del fin.
La Ley Corcuera, la de la patada en la puerta, entró en vigor en febrero de 1992 y fue declarada inconstitucional en noviembre de 1993. Esperemos, por el bien de los conductores y de la sociedad, que esta ley sea declarada inconstitucional en menos de 21 meses, porque de lo contrario habrá que plantearse empezar a dar de baja los coches que uno tenga. El chorreo de multas va a ser constante y sin ninguna posibilidad de defenderse. Y ni siquiera será porque el conductor sea malo y no cumpla con las leyes.http://blogs.elconfidencial.com/motor/automaniacos/2014-02-10/la-patada-en-la-puerta-del-conductor_86745/
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