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Madrid, 8 sep (EFE)
Las condenas por delitos relacionados con la seguridad vial han
aumentado un 11,5 por ciento al pasar de 83.382 en 2013 a 92.682 en 2014,
con un mayor porcentaje de sentencias condenatorias por conducir bajo la
influencia del alcohol o drogas, según señala la Fiscalía General del Estado.
En su memoria anual, la Fiscalía destaca que de los 1.131 muertos en las carreteras
españolas -solo tres menos que en 2013- 614 estaba bajo los efectos del alcohol
y las drogas, es decir el 39,09 por ciento.
Cataluña con 21.107, Andalucía con 17.081 y la Comunidad de Madrid
encabezan la lista de condenas, mientras que en el otro extremo
se sitúan La Rioja con 437, Cantabria con 665 y Navarra con 1.216.
Además, califica como "relevante" el aumento en la cifra de expedientes
administrativos tramitados por conducción bajo los efectos de drogas que pasan
de 2.579 a 9.454 y que el Ministerio Fiscal atribuye al "significativo" incremento
de los controles de drogas realizados por la DGT, de 4.563 en 2013 a 29.643 en 2014.
Por otra parte, la Fiscalía destaca que las cifras del 2014 confirman la reducción
que se viene registrando desde 2012 en los procedimientos incoados
por delitos contra la seguridad vial al pasar de 114.854 a 108.843,
que atribuye a la "mayor concienciación vial"
de la ciudadanía y la "eficacia y rapidez de la respuesta penal disuasoria".
Y todo ello pese al aumento de desplazamientos, la tendencia al alza en el parque de
vehículos asegurados y la estabilización de la siniestralidad,
siendo el último cómputo de 36 muertos por millón de habitante,
que sitúa a España como el quinto país con menor siniestros en las carreteras
en la UE.
En otros aspectos, la Fiscalía considera "insatisfactoria" la situación actual
de la educación vial en los colegios teniendo en cuenta
los "preocupantes índices de siniestralidad infantil".
"La educación vial sólo vive de iniciativas aisladas y meritorias",
señala el Ministerio Público que lamenta que tras la LOMCE la situación
"no ha cambiado en lo esencial".
El documento crítica también dos proyectos legislativos del Gobierno
como el nuevo baremo de indemnizaciones a las víctimas de accidente de tráfico,
que pide no aplicar hasta 2017, y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Sobre el primero, advierte de que "carece de memoria de impacto económico",
critica que fue presentado a las Cortes sin solicitar informes a los órganos
consultivos del Estado y lamenta que los planteamientos formulados
por la Fiscalía para la mejora del texto "no obtuvieron respuesta" del Gobierno.
En cuanto a la Justicia Gratuita, señala que el texto propone
que este derecho se extienda a todas las víctimas de accidentes "sin excepción",
incluido por tanto el colectivo de mayor vulnerabilidad en la circulación,
los peatones y ciclistas.
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