El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, lamentó este miércoles que las víctimas de los accidentes de tráfico están “olvidadas” y no cuentan con los recursos necesarios para que puedan ser “comprendidas y oídas”, por lo que reclamó “un protocolo nacional” para que sean atendidas desde los instantes iniciales de los siniestros.
En su primera comparecencia ante la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, Vargas destacó que las víctimas de los accidentes de tráfico “siguen siendo en gran parte todavía las grandes olvidadas en seguridad vial”.
“No puedo hacer un discurso triunfalista en la atención a las víctimas, queda muchísimo por hacer”, indicó, antes de reclamar un “cambio cultural” para que este colectivo cuente con mayores garantías.
“Las víctimas, en los momentos iniciales, carecen de asistencia psicológica, salvo que tengan una buena condición económica, y hay demoras en el pago de las indemnizaciones. Nos falta hacer un protocolo a nivel nacional entre la DGT, los juzgados y los hospitales para que tengan una adecuada instrucción de sus derechos”, añadió.
En este sentido, apuntó que las víctimas de tráfico deben ser “comprendidas y oídas”, tal y como señala la Directiva 2012/29/UE, de normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y lamentó que “no hemos resuelto el problema de la asistencia y del pronto pago de sus indemnizaciones”.
Vargas recalcó que las víctimas de accidentes viales necesitan que “no se les convierta en números”, como ocurre en algunos debates sobre la evolución de la siniestralidad, como si fueran “balances empresariales”.
Por otro lado, Vargas hizo “dos propuestas normativas de futuro” relacionadas con la “educación permanente” en materia de seguridad vial, una dirigida a que se extienda esta área en los colegios y la otra, que se impulse entre las personas mayores.
En relación a la evolución de de los delitos de seguridad vial, Vargas recalcó que en los últimos años se han producido entre 80.000 y 90.000 condenas anuales, la mayoría de ellas por conducción bajo los efectos del alcohol, lo que representa alrededor de una tercera parte de todas las dictadas por los fiscales en España, y añadió que el 78% de las sentencias condenatorias en 2014 lo fueron en diligencias urgentes, lo que garantiza una resolución “pronta, efectiva, proporcionada y garantista”.
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