Cualquier agresión es reprochable,
pero el hecho que se produzca a un trabajador público aún lo es más,
por trabajador de lo público, una tarea al servicio de los demás.
En el caso de los examinadores de tráfico también se han dado casos de agresiones.
La crisis y la falta de Educación Ciudadana agrava este problema,
que no lo justifica.
Yo quisiera dar una solución, como otras muchas posibles que puedan haber,
para evitar estas situaciones en los exámenes prácticos de conducción.
Éstos deberían empezar y finalizar en las instalaciones de las Jefaturas Provinciales de Tráfico,
y que estas estuvieran custodiadas, en los horarios que se realizan los exámenes,
por las Fuerzas de Seguridad que se destacaran.
Tanto podrían ser Policías Locales, como Nacionales, como Guardia Civil,
Mossos d'Esquadra, Policía Foral o Ertzaintza, según compitiera.
Aparte de la mejora en la seguridad para todos, también tendría la ventaja
de poder utilizar las instalaciones de las Jefaturas Provinciales en caso de cualquier
eventualidad, sobre todo fisiológica.
Es muy triste tener la sensación de estar desamparados en la calle,
tanto para Examinadores, Profesores y Alumnos.
Al menos un caso diario de amenazas y agresiones físicas
Los casos de violencia en las oficinas de empleo se triplican en el primer trimestre del año
El sindicato de funcionarios CSIF exige que se refuercen las plantillas
Reclama que se pongan en marcha medidas efectivas de seguridad
Agresiones, insultos, descalificaciones, amenazas, daños... Éste es el sombrío panorama al que tienen que hacer frente cada día los trabajadores de las oficinas públicas de Empleo, según denunció este viernes el sindicato de funcionarios CSIF.
Las dependencias del antiguo Inem se han convertido en un "punto caliente" desde que comenzó la crisis. Y sus trabajadores se han situado en el centro de la diana.
Mieres, 2008, un vecino se acerca a una oficina de empleo con un hacha con el propósito, según reconoció él mismo a la policía, de "matar a tres o cuatro funcionarios". Sagunto, 2013, un parado le espeta a un empleado: "Voy a venir con una garrafa de gasolina y os voy a prender fuego. Granada, ese mismo, año, un profesor de autoescuela intenta estrangular a un examinador de tráfico. Calasparra (Murcia), 2015,un hombre golpea con un bate a un funcionario, tras denegarle una ayuda.
Gritos, amenazas y, en último extremo, agresiones físicas. Tan sólo en 2014, se comunicaron 227 casos de violencia en el Servicio Público de Empleo Estatal. Pero la conflictividad, lejos de apaciguarse, se ha disparado en 2015. En el primer trimestre del año, los casos de violencia se triplicaron tras la aprobación de la nueva prestación por desempleo, registrándose 112 incidentes.
La denegación de esta ayuda (Programa de Activación para el Empleo PAE) ha llevado a muchos parados a la desesperación y a la frustración, y a descargar su ira sobre los trabajadores de los que reciben un 'no' por respuesta.
Para evitar que estas agresiones vayan a más, el sindicato exige un protocolo de actuación conjunto de la Administración, que se refuercen las plantillas y medidas efectivas de seguridad.
Pero la violencia no sólo ha tenido como escenario las oficinas de empleo de nuestro país, también en otras dependencias de la Administración General del Estado (como las de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo) con servicio de atención al público se han producido agresiones y amenazas, al menos un caso diario.
Miedo a las represalias
La creencia de que las denuncias "no sirven para nada" y el miedo a represalias llevan a muchos funcionarios a no comunicar oficialmente estas agresiones, aunque diariamente tengan que lidiar con situaciones complicadas, en las que incluso se requiere presencia policial.
Los funcionarios no sólo han visto cómo las agresiones aumentaban desde la crisis sino cómo se 'sofisticaban' los métodos. Los agresores han llegado a grabar con sus móviles a trabajadores y han amenazado con difundir esa grabación en las redes sociales.
Sus compañeras se llevan, sin embargo, la peor parte. Un 52% de las agresiones tiene como víctima a una mujer frente a un 36,5% en el que el afectado es un hombre.
Desprotección
Ansiedad, nerviosismo, angustia, tensión arterial, miedo o sensación de indefensión son algunas de las consecuencias que tienen estas agresiones para las víctimas, que se siente completamente desprotegidas al no existir, en ocasiones, vigilantes de seguridad en sus oficinas.
"Hay que tener en cuenta que desde el comienzo de la crisis, los empleados públicos han sido objeto de una campaña de desprestigio en la que se nos ha responsabilizado directamente de las causas de la recesión, poniéndose en cuestión nuestra labor, el volumen de las plantillas e incluso nuestra función social, denuncia el sindicato". "Además, la congelación de la oferta de empleo público y la destrucción de puestos de trabajo han mermado las plantillas contribuyendo a una importante sobrecarga laboral, que afecta de manera negativa a los servicios que reciben los ciudadanos, que se prestan 'cara al público' en situaciones muy adversas".
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