Las lesiones y muertes por accidentes de tráfico son un grave problema de salud pública en el mundo. Cada año en México, esta “epidemia silenciosa” le arrebata la vida a un promedio de 17,600 personas, además de dejar lesionados aproximadamente a un millón más, y que 35,000 de ellos queden con discapacidad permanente.
Asimismo, es la primera causa de mortalidad infantil y la segunda de jóvenes. La tragedia para las familias que quedan afectadas para siempre tanto en lo económico como en lo emocional impacta en la descomposición del tejido social. Aunque la vida y la salud no tienen precio, también afecta a nuestra economía, con un costo de 120 mil millones de pesos anualmente.
La problemática actual de la inseguridad vial en la República Mexicana nos afecta a todos. Lo más triste es que estos accidentes, lesiones y muertes se pueden evitar hasta en un 90% con una política pública enfocada a salvaguardar la seguridad, la salud y la vida de los mexicanos.
Sin embargo, este problema no forma parte de las agendas legislativas, gubernamentales y sociales a pesar de que nuestro gobierno firmó en mayo del
2011 en el Encuentro Iberoamericano de Seguridad Vial, realizado en la capital de nuestro país, su compromiso de reducir a un 50% las muertes y lesiones causadas por accidentes viales dentro del Decenio de Acción por la Seguridad Vial (2011-2020), decretado por la Organización de Naciones Unidas.
2011 en el Encuentro Iberoamericano de Seguridad Vial, realizado en la capital de nuestro país, su compromiso de reducir a un 50% las muertes y lesiones causadas por accidentes viales dentro del Decenio de Acción por la Seguridad Vial (2011-2020), decretado por la Organización de Naciones Unidas.
La Estrategia Nacional de Seguridad Vial fue suscrita por los titulares de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y se sumaron el Senado de la República y la CONAGO. Cuatro años después existe una deuda pendiente al respecto.
Una Ley General y un Observatorio Nacional de Seguridad Vial
¿Qué ha faltado para que se implemente una política de seguridad vial a nivel nacional? Desde la perspectiva de la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, IMESEVI, las líneas de acción a seguir son:
1. Adecuación legislativa y del marco normativo
2. Vigilancia, control y cumplimiento
3. Educación, formación y concientización de la población
4. Atención a víctimas
5. Infraestructura segura y seguridad vehicular
6. Vigilancia epidemiológica e investigación
7. Colaboración intersectorial y participación social
Desde el año 2008 se ha discutido dentro de los sectores interesados la necesidad de impulsar una Ley Federal de Tránsito, Transporte y Vialidad dado que el marco jurídico en nuestro país es limitado y carente de procedimientos estandarizados debido a las diferentes legislaciones estatales y municipales en la materia.
Es por eso que el pasado 24 de noviembre de 2014, varios organismos de la Sociedad Civil como Bicitekas, ITDP México y Reacciona por la Vida (a la que pertenece Víctimas de Violencia Vial, AC) realizaron el foro “Estrategia para una Mejor Movilidad”, junto con los Senadores Jesús Casillas (Presidente de la Comisión de Movilidad), Mario Delgado (Presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano) y Mariana Gómez (miembro de la Comisión de Desarrollo Metropolitano), para analizar la importancia de impulsar de una Ley Nacional de Movilidad.
La propuesta ciudadana de dicha legislación tiene como objetivos centrales: establecer un estándar mínimo de movilidad y seguridad vial en todo el país; contribuir al logro del objetivo del Decenio de Acción por la Seguridad Vial (reducir en un 50% las muertes y lesiones por accidentes de tráfico en el 2020); y establecer las bases y directrices mínimos para lograr una planeación urbana más humana en todo el país, promoviendo esquemas de movilidad sustentable y segura.
Los Organismos de la Sociedad Civil que participamos en el Foro expusimos la urgencia de que la seguridad vial se convierta en una prioridad nacional para salvar miles de vidas con una legislación moderna, la aplicación de cero tolerancia frente a infractores y una mayor participación y responsabilidad de los ciudadanos.
Además se debe impulsar una nueva cultura de movilidad priorizando a los usuarios más vulnerables (peatones y ciclistas).
Es un hecho que nuestro país tiene un gran rezago en la materia de seguridad vial; otros países iberoamericanos llevan años trabajando en Observatorios y Agencias Nacionales de Seguridad Vial.
En México existen déficits estructurales importantes en el registro de accidentes de tráfico, es por ello que en el Foro del Senado también se pidió la creación de la Agencia y del Observatorio de Seguridad Vial a fin de concentrar en una sola autoridad la política y los objetivos nacionales de movilidad y seguridad vial.
Esta entidad sería la responsable de elaborar el Plan Nacional de Movilidad, además de realizar auditorías viales para evaluar alcances y retos. Esta Agencia crearía y dirigiría el Observatorio Nacional de Seguridad Vial.
A través del Observatorio Nacional, México por primera vez contaría con un reporte nacional anual confiable de accidentes, muertes y lesiones, además de las causas de los mismos, para así desarrollar indicadores y evaluar el desempeño de las autoridades.
Los organismos y ciudadanos que defendemos a las víctimas de accidentes viales sentimos un gran desaliento porque el tema de salvar vidas y evitar lesiones en nuestras calles y carreteras no es una prioridad para nuestros gobernantes a pesar de que las estadísticas por muertes y lesiones por este motivo son equiparables a las de las víctimas del delito.
Alma Chávez Guth
Presidenta de la Asociación de Víctimas de Violencia Vial, A.C.
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ENLACE: www.mexicosocial.org
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