La carencia de personal examinador y administrativo en todas las
Jefaturas Provinciales de Tráfico de España no es nueva, la cual provoca una
falta de capacidad muy grave para complacer las peticiones de la sociedad, en
especial de los ciudadanos, trabajadores y empresas implicados en la obtención
del permiso de conducir, lo que desencadena que la Formación Vial no se pueda
desarrollar con unos mínimos de calidad, dañando así la seguridad vial.
Dado que es un problema antiguo, las soluciones deben ser a corto
plazo.
Las propuestas pueden pasar por tres alternativas:
- Dotar de presupuesto necesario, ilimitado en tiempo y cuantía económica, para que los examinadores de tráfico puedan realizar voluntariamente horas extraordinarias, incluso los Sábados, hasta que se regularice el servicio de exámenes.
- Que todas las Jefaturas Provinciales de Tráfico de España examinen durante todos los meses del año.
- Convocar una Oferta Pública de Examinadores y Administrativos con un número de plazas suficientes para cubrir realmente los puestos deficitarios actuales y las futuras jubilaciones.
- Establecer una Bolsa de Examinadores y Administrativos con los aspirantes que no hayan obtenido plaza en las anteriores Ofertas Públicas. El funcionamiento podría ser como el sistema actual que regula los Cuerpos de Maestros de Educación Obligatoria y otros cuerpos docentes.
- Legitimar una nueva figura dentro del funcionariado, el Examinador-Administrativo, que pudiera desempeñar las dos funciones dependiendo de las necesidades del servicio.
No contemplo la alternativa del Contrato de Servicios con una
entidad adjudicataria, o sea, con una empresa privada, en aras a la
independencia, imparcialidad, rigor, eficiencia, eficacia, solidez, suficiencia
y calidad del servicio de exámenes de tráfico. Tal nivel lo proporciona que el
personal examinador siga siendo funcionario público íntegro. Además, se da la
situación de ser un servicio público que tiene un balance positivo en las
cuentas y genera más recursos a la Administración Pública.
Un mayor número de examinadores encaminado a prestar un servicio de exámenes con capacidad plena sería muy beneficioso para toda la sociedad.
- Poder obtener el permiso de conducir en unos plazos de tiempos razonables que se adapten perfectamente a los procesos de enseñanza/aprendizaje de la Formación Vial de todos los aspirantes. Actualmente no se cubre la demanda de exámenes y las pruebas se dilatan en exceso en el tiempo. La filosofía ha de ser que la capacidad de servicio se preste y se adapte plenamente a la demanda de los educandos, docentes y empresas de formación vial.
- A mayor número de pruebas, más recaudación, más recursos de los que ya existen en la Administración, y no se limitaría los derechos de todos los ciudadanos, sean educandos, docentes o empresas.
- Liberar al personal examinador para que puedan realizar otras funciones que tienen encomendadas, como inspeccionar a las autoescuelas y los cursos que realizan.
- Las pruebas podrían ganar en rigor y calidad al poder alargar el tiempo empleado en su realización.
Recursos hay, como ya expuse en artículos de opinión anteriores,
y podrían ser mayores, de un órgano que viene identificado en el artículo 6 del R.D.L. 6/2015 como Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, y que en numerosas ocasiones ha expresado su poder de autogestión y de autofinanciación.
Espero que surja una verdadera voluntad para solucionar este
gravísimo problema social que tanto perjudica a la Formación y a la Seguridad
Vial.
Dionisio Almendros Belmonte.
Profesor y Director de Formación Vial Íntegro.
Jefe de la Delegación de ProVial en Castilla-La Mancha.
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