La Importancia de "Dar Ejemplo"

Los expertos creen que los casos de alcoholemia minan la fe en los políticos

Los sociólogos y politólogos señalan que los representantes españoles tienen blindada su vida privada pese a incidentes como el del noreñense Unai Díaz

Los casos de positivo por alcoholemia minan la confianza de los ciudadanos en sus representantes políticos. En eso coinciden al menos los expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA a propósito del caso del socialista Unai Díaz, concejal del Ayuntamiento de Noreña y secretario general de Juventudes Socialistas en Asturias, que ha puesto sus cargos en el Consistorio a disposición del partido tras sufrir, en la madrugada del miércoles, un accidente de circulación cuando conducía ebrio por las calles de la Villa Condal. Un suceso ante el cual, no obstante, los expertos no se ponen de acuerdo en si es preciso que el edil dimita o no.

Esto se debe, esencialmente, a las particularidades del sistema político español, que tiende a proteger la vida privada de sus representantes. "La diferencia entre el ámbito privado y el de representación política es difícil de precisar. Si miramos por ejemplo a Estados Unidos, donde la relación entre el elector y el político es más directa, la conducta de los representantes es más relevante, porque se elige a una persona para que tome una decisión. Pero en España no hay esa conciencia, porque entendemos que el representante político tiene menos libertad de acción, y eso hace que preste menos atención a su conducta y a su vida privada", explica el sociólogo Arsenio Valbuena.

No obstante, en el caso concreto de los casos de alcoholemia, Valbuena entiende que hay una sensibilidad social especial, que propicia un severo reproche a quienes incurren en esta falta. Por ello, considera que Unai Díaz, como cualquier otro representante político que se vea en ese trance, debe dimitir: "En estos casos debería haber un criterio generalizado para que haya dimisiones. Se trata de un acto de humildad política y personal".

En cambio, el también sociólogo Rodolfo Gutiérrez Palacios considera que, precisamente por esas diferencias con el modelo estadounidense, no es preciso que el edil noreñense, o cualquier otro que incurra en un caso de alcoholemia, deje sus cargos. "Como ciudadano, no creo que a nuestros representantes políticos se les haya que pedir una pureza absoluta de comportamiento. Y no creo que cualquier salida de un modelo de comportamiento deba ser motivo de dimisión", asegura.

Más dudas tiene el politólogo Óscar Rodríguez Buznego, quien entiende que los partidos deberían consensuar algún tipo de postura común ante estos casos. No obstante, entiende que Unai Díaz debería haber optado por dejar sus cargos: "Con dudas, me inclino a pensar que él debería haber presentado su dimisión, que debería haber asumido que ha tenido una conducta impropia". Por eso mismo, Buznego entiende que el PSOE debería "invitarle a abandonar" su cargo.

Pero el politólogo también entiende que esta renuncia debe limitarse al mandato en curso, y que esta circunstancia no debe ser óbice para que concurra a próximas elecciones: "Eso sería un castigo excesivo e injusto, todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad".

Por su parte, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, apunta a la necesidad de mantener una política de "tolerancia cero", también entre los cargos públicos, para reducir los accidentes de tráfico: "Desde un punto de vista ético, ese comportamiento no es nada ejemplarizante para un cargo público".

A juicio de Arnaldo, aunque el cargo político no está legalmente obligado a dimitir, las circunstancias que rodean a un positivo por alcoholemia aconsejan tomar una medida de esta índole: "Aunque la pena que puede tener el sujeto no conlleva este tipo de medidas, la ejemplaridad aconseja que él mismo las adopte. Alguien que comete un delito contra la seguridad vial, que puede estar incluso condenado por la vía penal por ello, está mermado para ejercer un cargo político".

En este sentido, el presidente de AEA considera que la propia acción política de Unai Díaz se puede ver perjudicada por este suceso, ya que conlleva una cierta estigmatización que puede ser usada por sus rivales políticos. "En el propio debate político se le achaca su condena, le pueden tachar de "delincuente", afectando así a su propia condición de cargo público", sentencia.

http://www.lne.es/centro/2014/03/09/expertos-creen-casos-alcoholemia-minan/1553989.html?utm_medium=rss

Un edil del PP se niega a la prueba de alcohol y se resiste a la policía

El concejal, de Mugardos, ha sido condenado a un año de prisión

Un concejal de Mugardos del grupo municipal del PP protagonizó un incidente con una patrulla local de Ferrol, la madrugada de ayer, cuando iba ebrio al volante por una calle de la ciudad naval. Los hechos ocurrieron pasadas las dos de la madrugada en la carretera de Castilla, que une Ferrol y Narón, en el tramo del término municipal ferrolano. Los agentes de la Policía Local que le pararon y trataron de realizarle la prueba de alcoholemia se encontraron con una fuerte resistencia del conductor. Se trata del edil Gustavo CarroArroyuelo, que conducía su propio coche.

Además de no querer someterse a la prueba del alcohol, se enfrentó a los integrantes de la patrulla, con actitud violenta, si bien ninguno de los policías resultó lesionado.

A media mañana de ayer compareció ante el juez de guardia, el magistrado Carlos Suárez-Mira, titular del Juzgado de Instrucción número 2, para un juicio rápido. Como es habitual en este tipo de comparecencias en un juzgado de instrucción, solo se dicta sentencia si se produce un acuerdo entre el letrado de la defensa y el representante del Ministerio Fiscal, cosa que ocurrió. Por eso, al filo de las dos de la tarde, el edil recibió ya la sentencia firme que lo condena por tres delitos.

Afectación evidente

El primero de los delitos es de tráfico, por negarse a someterse a la prueba etílica; el segundo, del mismo tipo, por conducir bajo los efectos del alcohol, porque los agentes, aunque no se sometió a la prueba, sostienen que era evidente su afectación alcohólica. Y un tercero, de atentado. Los síntomas de la intoxicación etílica eran los habituales: ojos brillantes, alitosis (olor a alcohol) frases repetitivas, entre otros. En total, 12 meses de prisión, otros 4 meses de multa, que dan un total de 1.200 euros, y retirada del carné por 16 meses.

No ingresará en prisión

Como el concejal carece de antecedentes, podrá acogerse a la suspensión del ingreso en prisión. Con el acuerdo alcanzado entre su abogado y la fiscala de guardia, aceptado por el juez que dictó acto seguido la sentencia correspondiente, el asunto queda zanjado y la sentencia es ya firme. Es decir, contra la misma no cabe recurso. La Policía Local de Ferrol viene realizando durante los últimos fines de semana controles de alcoholemia en diferentes puntos de la ciudad. En el último fin de semana de febrero pararon a 117 conductores, de los cuales, ocho dieron positivo y cuatro pasaron a disposición del juzgado de guardia. Hacía meses que la guardia municipal no ejecutaba programas preventivos de esta naturaleza.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2014/03/09/edil-pp-niega-prueba-alcohol-resiste-policia/0003_201403G9P11991.htm

El PSdeG apartará a un diputado si lo juzgan por evitar una multa

El caso de José Ramón Val será analizado por el Superior de Xustiza

Los problemas judiciales continúan para el PSdeG. La investigación judicial abierta en Lugo sobre la retirada de más de 200 multas de tráfico salpica ahora al Parlamento, pues será el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el que analizará el caso del diputado socialista José Ramón Val Alonso, acusado de haberse librado de una multa de 380 euros, retirada de carné de conducir durante un mes y seis puntos menos. Su partido anunció ayer que si el alto tribunal abre juicio contra él o adopta algún tipo de medida cautelar será "apartado" del PSdeG, aunque Val podría mantener el acta de diputado, que pertenece al ciudadano y no a la formación política.

La secretaria de Organización de los socialistas, Pilar Cancela, aseguró ayer que actuarán de "forma contundente" en esas dos circunstancias, después de que El Progreso revelase que Val comunicó la semana pasada su condición de aforado a autoridades judiciales de Lugo. El fiscal pide para él un año y tres meses de cárcel, una multa de 600 euros e inhabilitación especial para cargo público durante cuatro años.

Val, que entró por primera vez en el Parlamento en los últimos comicios autonómicos de 2012 como número tres de los socialistas por Lugo, ya había declarado en la causa cuando era delegado de la Consellería de Pesca en Lugo en la época del bipartito, cuando se abrió la investigación. Su condición de diputado impide que sea juzgado por un magistrado convencional y debe ser el TSXG el que decida si se abre juicio contra él o la causa queda archivada.

Cancela aseguró que apartarán a Val "si se adopta algún tipo de medida cautelar o se abre juicio oral" debido "a alguna cuestión en su ejercicio de la política". "Tenemos una norma y la vamos a aplicar con contundencia, incluso antes de que haya un pronunciamiento judicial sobre si es inocente o no", indicó la socialista, que, sin embargo, exigió la dimisión de los siete ediles del PP de Santiago que serán juzgados por prevaricación si no prospera su recurso ante la Audiencia de A Coruña.

http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2014/03/09/psdeg-apartara-diputado-juzgan-evitar/819069.html